¿Quién se ocupa de la patria?

(Publicada en la Revista Hegemonía del mes de octubre)

En horas del mediodía del pasado jueves 21 de octubre se conoció el envío de una carta firmada por el presidente de la Nación Alberto Fernández dirigida a la gobernadora de la provincia de Río Negro Arabela Carreras, en respuesta a la solicitud por parte de esa funcionaria de recibir apoyo de fuerzas federales para contener los ataques vandálicos que ciudadanos autoproclamados mapuche vienen sosteniendo en el sur del territorio argentino. En la misiva, Fernández señalaba que “No es función del gobierno nacional ‘reforzar el control en las rutas nacionales’ o ‘brindar mayor seguridad en la región’”.

Sin embargo, es necesario poner en contexto el conflicto para que se comprenda su magnitud. El presidente de la Nación aseguró que enviaría refuerzos de parte de la Gendarmería Nacional, pero a la vez sugirió que “no es el caso ni mucho menos” que esté en peligro la seguridad interior, por lo que según el criterio personal del mandatario la situación no ameritaría la intervención de las fuerzas federales para el restablecimiento de la paz.

En la misma línea se pronunció el flamante ministro de Seguridad de la Nación Aníbal Fernández, quien sostuvo que “Esto se va a resolver cuando (las partes) se sienten en la mesa. Si piensan que la solución es como Julio Argentino Roca yendo a la campaña del desierto se equivocan feo”.

No obstante, los ataques a dependencias del Estado por parte de grupos que se autodenominan mapuche están escalando en frecuencia y magnitud, y apelando a supuestos derechos ancestrales sobre el territorio argentino estas células desconocen la autoridad del Estado y reivindican el accionar vandálico. No solo desconocen el Estado provincial, sino también el Estado nacional y en ese sentido es facultad del gobierno federal el tomar cartas en el asunto para frenar la escalada de violencia y destrucción.

Pero el problema es aun más serio, pues resulta evidente que la inacción del Estado nacional responde a una motivación ideológica del oficialismo, no meramente a la consideración de la pertinencia o no de la aplicación de la ley 24.059 de Seguridad Interior, que es precisamente la que cita el presidente en su mensaje a la gobernadora.

Posiciones como la del embajador argentino en Chile Rafael Bielsa, quien días atrás se presentó ante la Corte de Apelaciones de Temuco, en el vecino país, donde se tramitaba la libertad condicional solicitada por el autoproclamado líder mapuche Facundo Jones Huala, dan cuenta de que la negativa a intervenir para restablecer la paz ante el recrudecimiento de las acciones vandálicas responde a una postura ideológica y no solamente a cuestiones políticas. Vale aclarar que Jones Huala fue extraditado a Chile en 2018 y hallado culpable por el incendio de una propiedad en la estancia Pisu Pisué y por posesión ilegal de armas de fabricación casera, delitos que le valieron una condena a nueve años de prisión.

Que un diplomático argentino se presente ante el Poder Judicial dependiente de un Estado soberano a pedir la liberación de un convicto juzgado por un tribunal federal, con sentencia firme por la comisión de delitos contra el patrimonio común a una nación sienta un precedente peligroso. No es facultad del Estado argentino intervenir en esa clase de cuestiones, además de que predispone a malos entendidos entre naciones hermanas. 

Para defenderse por las críticas que subyacen a una desinteligencia de esta magnitud, el gobierno nacional ratifica la postura de los sediciosos apelando a un indigenismo a ultranza que en última instancia reconoce de facto a un puñado de argentinos derechos por encima de la ley argentina y de la mismísima Constitución Nacional. En esa línea han ido, sin ir muy lejos, cada una de las expresiones oficiales con motivo de la celebración del recientemente “Día de la Diversidad Cultural”, el pasado 12 de octubre.

Asimismo, el gobierno esquiva el bulto suponiendo que todo aquel que se oponga a reconocerles entidad nacional alguna a los rebeldes es un opositor al Frente de Todos, un destituyente o un advenedizo que busca sacar rédito político de una situación apremiante. 

En la misma dirección, y contribuyendo a la instalación de ese discurso, los medios de difusión voceros del oficialismo han replicado los discursos de personajes como la exministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich o el bloque de diputados de Juntos por el Cambio, quienes repudiaron a Bielsa por su postura y criticaron el accionar ulterior del gobierno de desconocer su deber de impartir orden en las provincias patagónicas so pretexto de la presunta ausencia de una amenaza a la seguridad interior. 

De este modo diversos actores, desde el gobierno hasta la oposición, pasando por los medios de comunicación afines a uno y a otra han pretendido “agrietar” un conflicto que no debería responder a banderías políticas pues nos atañe por igual a todos los argentinos.

Independientemente de la utilización política que sujetos inefables como Patricia Bullrich hagan de la cuestión mapuche esta no pierde magnitud. Bullrich debería responder ante la justicia por el desmanejo de la situación que llevó a cabo cuando ocupaba nada menos que la cartera de Seguridad Nacional y que terminó con la desaparición seguida de muerte de un argentino, Santiago Maldonado, en el contexto de la huida de las fuerzas federales que operaban en Chubut en el año 2017 y cuya intervención en ese momento se demostró fuera de madre. Nada ha quedado más en evidencia que la incapacidad de Patricia Bullrich para solucionar este conflicto, por lo que verdaderamente resultaría irrisorio verla intervenir en la cuestión, si no fuera porque en el medio se ha jugado la vida al menos un inocente.

Pero no por ello hemos de suponer que el conflicto no existe y que es una fabulación de la oposición política la gravedad del mismo, el accionar del gobierno nacional no puede basarse en criterios ideológicos, personales o partidarios para determinar la existencia o no de una amenaza a la seguridad nacional.

Días atrás grupos radicales incendiaban dependencias de Vialidad Nacional, hoy día reducen a cenizas un club social y deportivo, y el gobierno nacional prácticamente afirma que no existe amenaza alguna. ¿Hemos de esperar los argentinos que la virulencia siga escalando y deban lamentarse víctimas humanas, además de daños materiales al patrimonio del país?

Mientras los medios progresistas levantan notas en las que señalan con el dedo a una gobernadora provincial por denunciar lo que ella considera ataques terroristas, sosteniendo que el objetivo de pedir asistencia del Estado nacional es parte de un plan para desalojar a inocentes comunidades indígenas a través de la represión, son ciudadanos argentinos quienes no se sienten seguros en sus propias tierras. Y huelga la aclaración: son argentinos también los responsables de los ataques, por lo que resulta imperativo que sean capturados y juzgados por los delitos cometidos en caso de demostrarse su culpabilidad.

Nadie, ninguna persona física o jurídica que se encuentre habitando el interior de las fronteras de nuestro país está o puede estar por encima de la ley. Todos somos responsables por los actos que cometemos y si en nuestro camino aunque más no sea en nuestra lucha por obtener reivindicaciones que consideramos legítimas cometemos actos que no están enmarcados en la ley, hemos de responder con altura por las consecuencias de nuestras decisiones.

Pero vale también preguntarse hasta qué punto son legítimos determinados reclamos. Son de público y notorio conocimiento los vínculos que grupos autodenominados mapuche sostienen con organizaciones no gubernamentales con sede en Bristol, en el Reino Unido de Gran Bretaña, por lo que resultaría de utilidad preguntarnos qué intereses persiguen estos grupúsculos de revoltosos y a qué nación en verdad responden. Si no se sienten argentinos, ¿no será que se sienten más cercanos a la corona? 

Probablemente sea una mera casualidad que justamente sean las comunidades emplazadas en los territorios más ricos en recursos naturales de todo el país —minerales, madera, agua potable de los glaciares, incluso zonas turísticas de importancia capital— las que desconozcan la autoridad soberana del Estado argentino y enarbolen banderas extranjeras en nuestro territorio. De la totalidad de comunidades indígenas que siguen habitando nuestra tierra son una ínfima proporción las que no se reconocen argentinas y agitan el fantasma de la anarquía o aun peor, de la secesión. Puede que pequemos de malpensados, pero, ¿y si no existen las casualidades?

También vale preguntarse el rol que ocupan los medios de difusión en esta maraña de cuestiones. ¿Qué interés mueve a los grandes medios de comunicación progresistas a retroalimentarse del discurso indigenista a ultranza? Aquí nadie les desconoce a las comunidades sus prerrogativas, son ciudadanos argentinos que tienen los mismos derechos que cada uno de los demás argentinos poseemos por el mero hecho de haber nacido aquí, incluso gozan del reconocimiento de su identidad cultural como miembros de una comunidad indígena, y son libres de aprender su lengua y practicar sus ritos religiosos, como todos los argentinos pues vivimos en un país donde rige la libertad de culto, pero de ahí a reconocerles una nacionalidad distinta de la argentina o el derecho de tomar tierras arbitrariamente o a salir impunes de episodios vandálicos por el mero hecho de autopercibirse miembros de una nación extranjera, hay mucho trecho. Verdaderamente debiera ser materia de investigación el interés que persiguen determinados comunicadores, pues a riesgo de incurrir en el prejuicio tendemos a suponer que su accionar responde más a la deliberación interesada que a la ingenuidad.

Pues no pareciera ser propio de comunicadores el desconocimiento del riesgo que la situación en el sur de nuestro país implica para la causa por la soberanía nacional. El progresismo argentino, representado en buena parte por los medios de comunicación afines al gobierno nacional y también por funcionarios del propio gobierno, está descuidando nada menos que la defensa de nuestra soberanía, subordinando el interés de la patria a los reclamos de sectores violentos que se escudan tras reclamos presuntamente ancestrales, cubriéndose con el manto de la victimización para llevar adelante acciones que atentan contra la unidad territorial.

Porque es en definitiva ese el resultado al que conducirá más temprano que tarde la continuidad de un conflicto que lleva demasiado tiempo extendiéndose. Nada menos que la fragmentación del territorio nacional, que es uno y nadie debería poner en cuestión que es indivisible. Nadie, por lo menos, que no tuviera la deliberada intención de responder a intereses ajenos a los de la nación argentina, o bien que de buena fe hubiera sido estafado en sus intereses a través de formadores de opinión que tergiversan la verdad para convencer al pueblo de que lo mejor para sí es la entrega en bandeja de lo que le es propio por derecho de nacimiento: la soberanía por sobre todo el territorio nacional.

Ese es el caso de cada vez más jóvenes y ciudadanos en general que en virtud del adoctrinamiento en ideas anómalas al interés nacional han perdido de vista la noción de soberanía y no comprenden la dimensión de la gravedad de entregarla livianamente ante el primero que la reclame colocándose a sí mismo por encima de la ley. Si no comprendemos que la unidad territorial es un derecho que debemos defender a rajatabla porque de él depende un futuro de desarrollo para todo el país no estaremos en condiciones de defender lo que nos pertenece.

Y es allí donde juegan los medios de difusión, mezclando, tergiversando, operando para que el pueblo argentino permanezca ajeno a los problemas que deberían preocuparnos a todos, y revistiendo con una pátina de justicia universal una causa que a todas luces beneficia a unos pocos, y no precisamente al pueblo argentino.

No es materia de este breve texto indagar los objetivos ulteriores del progresismo ideológico en relación con la defensa de todas las causas justas de la galaxia menos las de la patria, simplemente lo es con toda humildad señalar que la postura del gobierno nacional en esta materia que guarda mucha relación con los tópicos de la soberanía nacional y la integración territorial se está tornando en el mejor de los casos ingenua y en el peor de los casos, peligrosa para los intereses de la nación.

Sería preciso prestar mayor atención a una cuestión que va a seguir creciendo en magnitud en el tiempo si no se corta de cuajo con celeridad, atendiendo a las necesidades de los actores, si las hubiere, pero siempre en el marco de la Constitución Nacional y sobre todo bajo el imperio de la paz y el orden.

Seguir haciendo caso omiso de la escalada de virulencia y destrucción material no va a contribuir sino al recrudecimiento de la situación, que día por día tiende a salirse de madre.  

Ya no es tiempo de moderación, de aplicar paños fríos ni de tibieza: el Estado nacional tiene el deber de intervenir cuanto antes con todo el peso de la ley para restablecer la paz en el sur de nuestro país, pues de ninguna manera es legítimo anteponer a los intereses de los cuarenta y cinco millones de argentinos la voluntad o “autodeterminación” de un grupito que desconoce los límites que impone la ley. La única bandera que debe flamear en territorio argentino es la bandera azul celeste y blanca que nos hermana desde el extremo norte en la Quiaca hasta el extremo sur en Ushuaia, pasando por nuestras islas del Atlántico Sur, nuestros mares y nuestro territorio antártico. Nadie tiene autoridad alguna para creerse superior al Estado argentino.

Que nadie se pase de listo, el que saque los pies del plato debe hacerse cargo de las consecuencias de sus actos, para que nadie se olvide de que el único poseedor del monopolio de la fuerza es el Estado.