El Informe Kissinger: población o dominación

 (Publicado en la Revista Hegemonía de julio de 2022)

En 1988 el que más tarde sería ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación durante los años del kirchnerismo Eugenio Raúl Zaffaroni publicaba un libro titulado Criminología. Aproximación desde un margen, en el que abiertamente acusaba a la oenegé International Planned Parenthood Foundation (IPPF) de ser una “multinacional de la anticoncepción, el aborto y la esterilización, que controla foros y congresos internacionales” con el fin de retrasar el crecimiento demográfico y el desarrollo productivo en los países dependientes.

“El poder quiere eliminar cualquier disfuncionalidad que amenace su estabilidad”, afirmaba Zaffaroni, “no dudando para ello en acudir a propuestas y a prácticas evidentemente genocidas, que parecen moneda corriente en la ideología contemporánea. La tesis del poder mundial es cada vez más clara y resulta hoy manifiesta, pues sus propios teóricos se ocupan de escribirla con todas sus letras”.

Pero la crítica del jurista no concluía allí, ya que este describía además cómo las organizaciones no gubernamentales con sede en los países centrales extorsionaban a las naciones dependientes valiéndose de la manipulación por la ayuda alimentaria, que “únicamente sería dirigida a países que acepten planes de control de la natalidad”. Finalmente, Zaffaroni aseveraba taxativo: “Si estas propuestas no merecen el calificativo de genocidas, si las campañas de esterilización y aun la esterilización sin consentimiento no constituyen un genocidio, debemos concluir que el ‘genocidio’ solamente es tal cuando tiene víctimas en los países centrales”.

La denuncia de Zaffaroni, por otra parte, no salía de un repollo ni resultaba novedosa pues era abiertamente corroborada por los propios representantes del establishment mundial. En 1968, por ejemplo, el exsecretario de Defensa de los Estados Unidos durante los gobiernos demócratas de John F. Kennedy y Lyndon B. Johnson Robert McNamara declaraba, en su rol de presidente del Banco Mundial, que era necesario promover políticas de control de la natalidad en los países periféricos pues el rápido crecimiento demográfico en estos constituía una “de las mayores barreras para el crecimiento económico y el bienestar social”. Si bien McNamara no lo aclaraba específicamente, es lícito pensar que cuando hablaba de “crecimiento económico y bienestar social” se refería en particular a los países centrales pues de ordinario organismos como el Banco Central no suelen dedicarse de lleno a defender los intereses de los países subdesarrollados.

La asociación entre dificultades para controlar a los países emergentes y poblamiento de los mismos ha sido, como se ve, una preocupación de los intelectuales orgánicos de la élite global desde por lo menos mediados del siglo XX, con mayor visibilidad a partir de la década de 1970. Fue en ese contexto cuando tuvo lugar la disputa diplomática entre el gobierno de Bolivia y el Cuerpo de Paz (Peace Corp), cuando por orden del entonces presidente Juan José Torres el organismo fue expulsado de ese país luego de que se conociera que este había estado dedicándose sistemáticamente a esterilizar a mujeres indígenas sin el consentimiento de las mismas.

Iniciativas como aquella han sido largamente documentadas y denunciadas entre otros por el escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano, uno de los autores preferidos por la izquierda progresista que hoy promueve con vehemencia las políticas de control de la natalidad en los países más pobres del mundo haciéndolas pasar por “derechos humanos” inalienables. En Las venas abiertas de América Latina, Galeano se preguntaba: “¿Qué se proponen los herederos de Malthus sino matar a todos los próximos mendigos antes de que nazcan? Robert McNamara, el presidente del Banco Mundial que había sido presidente de la Ford y secretario de Defensa, afirma que la explosión demográfica constituye el mayor obstáculo para el progreso de América Latina y anuncia que el Banco Mundial otorgará prioridad en sus préstamos a los países que apliquen planes para el control de la natalidad. También Rockefeller y la Fundación Ford padecen pesadillas con millones de niños que avanzan, como langostas, desde los horizontes del Tercer Mundo”.

¿Qué pasó a lo largo de los últimos cincuenta años para que los sectores asociados al nacionalismo popular y a la izquierda progresista en nuestra región diesen un giro de ciento ochenta grados en su propia orientación ideológica, para pasar a considerar al crecimiento demográfico de los países emergentes de un vector del crecimiento económico a una traba para el desarrollo de la región? La respuesta puede hallarse explícita en el célebre Memorando de estudio de seguridad nacional 200: Implicaciones del crecimiento de la población mundial para la seguridad de EE.UU. e intereses de ultramar, también conocido como Informe Kissinger en honor a quien fuera secretario de Estado durante los gobiernos republicanos de Richard Nixon y Gerald Ford, el inefable y longevo Henry Kissinger.

En ese informe emitido por el Departamento de Estado en respuesta a la primera Conferencia de Población y Desarrollo realizada en Bucarest en 1974 y donde el gobierno argentino encabezado por Isabel Martínez de Perón trabó por órdenes del recientemente extinto presidente Juan Perón el intento por institucionalizar el aborto en los países emergentes, Kissinger planteaba la imperiosa necesidad de frenar la explosión demográfica en los países emergentes como condición sine qua non de la continuidad del desarrollo en los países centrales y en particular en los Estados Unidos.

“En el siglo XXI”, advertía el memorando, “los Estados Unidos de América carecerán de los recursos minerales necesarios para su industria”, aunque para tranquilidad de los dueños del mundo “Estos yacen inexplotados en los países en vías de desarrollo”.

No obstante, advertía Kissinger, “si esos países alcanzan un crecimiento poblacional importante será inevitable su desarrollo industrial, desarrollo que debemos evitar a toda costa para que esos países no consuman los minerales necesarios para los Estados Unidos”, por lo que resultaba imprescindible poner en marcha una estrategia geopolítica de disuasión del aumento de la natalidad en continentes como la América hispana y el África.

El diagnóstico era explícito, sin lugar a interpretaciones. Para Henry Kissinger el crecimiento demográfico en los países dependientes constituía un determinante para el desarrollo industrial en estos, motivo por el que consideraba necesario frenar una explosión demográfica con el propósito de posibilitar a los Estados Unidos la obtención de los recursos naturales presentes en los territorios soberanos de los países emergentes. A ese fin el secretario de Estado ideó una estrategia a largo plazo destinada a contribuir al despoblamiento de las regiones recónditas del mundo sin recurso a la guerra como medio de dominación.

Esta estrategia se iniciaba a partir del exterminio del “genio joven” en los países con altos índices de natalidad que pudieran oponerse a la expansión minera por parte de los norteamericanos y sus aliados en la OTAN. Se trataba, como se ve, de una estrategia basada en la subversión ideológica de la idiosincrasia de los pueblos. El “exterminio del genio joven” no se refería sino al adoctrinamiento de la juventud en el individualismo y las supuestas consecuencias negativas de la reproducción tanto para los individuos como para el planeta y a largo plazo, para la continuidad de la especie.

Este informe es nada menos que la antesala de la difusión de la cultura del descarte que propone en la actualidad la ideología de género basada en los criterios neoliberales de oferta, demanda, ganancia y pérdida como justificación de la infertilidad voluntaria o lo que es lo mismo, de la castración cultural.

La justificación del aborto indiscriminado entre las poblaciones empobrecidas con propósitos geopolíticos enmascarados detrás de una pátina de presunta defensa de los derechos de las mujeres pobres, de su salud reproductiva y presentado como una prerrogativa inalienable de las mujeres también data de esta época y fue parte del diseño propuesto por el Departamento de Estado con el fin expreso de evitar que los países emergentes pudiéramos desarrollarnos y consumir los recursos que los Estados Unidos han considerado propios desde siempre por su destino manifiesto.

En ese sentido Kissinger apela a la astucia para poner en marcha su plan de control de la población en nuestra región, aclarando que “Lógicamente, para que los países anfitriones de estas políticas no sospechen debemos ocultar nuestros objetivos demográficos detrás de planes sanitarios”, tal como ha sucedido en nuestro país a lo largo del debate sobre la legalización del aborto, práctica que finalmente fue aprobada entre gallos y medianoche en diciembre de 2020 con el beneplácito de organizaciones no gubernamentales dependientes del poder global como la IPPF y Amnistía Internacional.

De manera tal que el plan ampliamente denunciado otrora por intelectuales del gusto de la progresía en nuestro país como Raúl Zaffaroni o Eduardo Galeano ha sido documentado sin eufemismos por parte de los propios referentes del poder global que lo diseñaron en primer lugar y lo pusieron en práctica a lo largo de las últimas décadas. La apelación a la existencia de derechos reproductivos que en la actualidad los propios seguidores de estos intelectuales defienden a capa y espada como justificación de aquello que antaño se calificó de genocidio no puede hablarnos de otra cosa que no sea del triunfo a largo plazo del plan de Kissinger y la élite a la que este ha representado, destinado a lograr por parte de sociedades como la nuestra una dominación sencilla y sin necesidad de disparar un solo tiro.

He ahí el éxito de los mecanismos de subversión: consisten en inducir al enemigo al suicidio convenciéndolo de que se está haciendo bien a sí mismo llevándose la pistola a la sien. Al fin y al cabo, suicidarse es un derecho propio, ¿o no? Uno con su vida hace lo que se le dé la gana, pero como dice el tango, “cuando manyés que a tu lao’/se prueban la ropa que vas a dejar/te acordarás de este otario/que un día cansado se puso a ladrar”.

En su plan trienal de 1974 el presidente Juan Perón auguraba que para el año 2000 debíamos ser cincuenta millones de argentinos. No lo decía caprichosamente, se basaba en la realidad fáctica e irrefutable de que nuestro país siendo el octavo del mundo en extensión era virtualmente un desierto, con un centro densamente poblado y regiones enteras prácticamente inexplotadas. La ecuación es simple y está a la vista, aun cuando nos neguemos a ver. Sin brazos que laboren la tierra, que se empleen en la industria o que defiendan las fronteras de la patria somos una auténtica bomba de tiempo destinada a ser desbaratada por los poderosos del mundo que jamás han ocultado sus intenciones de apropiarse de nuestras riquezas.

Ellos han actuado durante cincuenta años a cara descubierta, advirtiendo punto por punto de qué manera pretendían inducirnos al suicidio. Jamás han ocultado sus intenciones. La oposición a los planes de control de la población no debe encararse desde una discusión ética entre ideologías que se contraponen y nos conducen solo a un diálogo de sordos entre posiciones irreconciliables. Se trata principalmente de una cuestión sencilla, es la misma cuestión de siempre: la repartija de la torta. Se trata de decidir qué lugar pretendemos ocupar dentro del “concierto de las naciones”, si un lugar de marginalidad y debilidad o una posición fuerte capaz de disputar poder en el mundo que se avecina.

En la cuestión de la población del territorio como en cada una de las variables del desarrollo de un país la ideología debe subordinarse a la práctica. Aquí como en todo el quid es el reparto de la riqueza en un contexto de cambio de paradigma en la política internacional que, como bien dijo el General Perón, es la verdadera política.