Cuando la ideología mata

 

El asesinato de Lucio Dupuy, un niño de tan solo cinco años víctima de violaciones, abusos físicos sistemáticos y filicidio por parte de su propia madre y la pareja de esta pasará a los anales de la historia criminal argentina como uno de los casos más aberrantes de los que se tenga memoria. La muerte precoz suele repugnar a la sociedad en general, pero más aun repugna tratándose de una muerte antinatural que se pudo haber evitado si alguno de los eslabones de una larga cadena de responsabilidades hubiera tenido el valor de rebelarse ante el mandato de silencio que rodea al caso.

Es que una pregunta subyace constantemente a toda investigación sobre los acontecimientos que derivaron en la muerte de Lucio Dupuy: ¿cómo fue posible que ninguna de las instituciones encargadas de brindar asistencia médica, educación o evaluar las condiciones socioambientales en las que residía el niño haya sido capaz de percatarse a lo largo de un año y medio de las torturas sistemáticas a las que el menor era sometido en el trato diario por parte de las dos mujeres encargadas de su guarda, una de ellas su propia madre biológica? Sin ánimo de caer en lo morboso sino de plantear un interrogante válido, del expediente de la causa por su fallecimiento se desprende que Lucio había sido ingresado en numerosas oportunidades en centros de salud por diversos traumatismos, contusiones e incluso fracturas expuestas en sus extremidades que jamás llamaron la atención de los médicos dependientes del sistema de salud de la provincia de La Pampa de manera de alertar a las autoridades acerca de una presunta situación de violencia. 

Ante la mera referencia por parte de la madre biológica del niño o la pareja de esta respecto de una supuesta caída en el hogar o un accidente en el contexto de los juegos propios de la niñez, no existió un solo profesional de la salud que planteara la duda razonable. ¿Y si Lucio estaba siendo víctima de violencia en el hogar? No todos los niños se rompen un brazo cada vez que salen al patio a jugar, ni se queman con cigarrillos ni muestran heridas por mordeduras de larga data en los genitales. Y sin embargo ningún empleado del sistema de salud advirtió ninguna señal de malos tratos en los dieciséis meses que median entre julio de 2020, cuando Magdalena Espósito Valenti obtuvo la tenencia de su hijo y noviembre de 2021, cuando el niño finalmente sucumbió luego de una brutal paliza propinada por Abigail Páez, la cuidadora de Lucio y pareja de Espósito Valenti, en colaboración con aquella última.  

Otro tanto puede decirse del sistema educativo de la provincia de La Pampa. ¿Cómo fue posible que a lo largo de todo un ciclo lectivo ninguno de los docentes, directivos y personal auxiliar del jardín de infantes al que asistía Lucio haya tomado nota de los signos de abuso que el menor manifestaba? Desde el comportamiento retraído del niño hasta las recurrentes lesiones y traumatismos que evidenciaban de mínima que Lucio habitaba un ambiente poco seguro, la escuela parecería haber hecho deliberadamente la vista gorda frente a una situación que se salía de madre. Mientras las pericias realizadas por psicólogos y psicopedagogos a los dibujos realizados en horario de clase por el niño revelan que este era víctima de abuso sexual, violencia psicológica y maltrato físico, las madres de los compañeros de curso de Lucio Dupuy refieren en chats grupales de aplicaciones de mensajería situaciones llamativas de las que la escuela jamás parece haber estado al tanto. 

Entre ellas se cuentan los hábitos alimenticios del niño, claramente compulsivos y evidenciados cada vez que invitaban a Lucio a un cumpleaños o a merendar con sus compañeritos de aula. De acuerdo con lo referido por varios testimonios, el niño comía compulsivamente ingiriendo en cortos periodos de tiempo grandes cantidades de alimentos. Ello hubiera podido dar cuenta acaso de la mala alimentación a la que sus cuidadoras lo sometían en el hogar, pero en la escuela no parecían notarlo. No resultaba infrecuente que luego de esas comilonas el niño se sintiera indispuesto y manifestara síntomas de indigestión como cólicos o vómitos que según consta en el expediente por declaraciones de vecinos a la casa habitada por Espósito, Páez y el propio Lucio Dupuy, ocasionaban arrebatos de cólera en las adultas, quienes castigaban a golpes al menor por haberlas “delatado” en su negligencia y también como reprimenda por las molestias causadas por la necesidad de asear allí donde el niño hubiera vomitado. 

Todo esto, sin embargo, no llamó la atención de la institución escolar, aunque de acuerdo con la causa las palizas eran frecuentes y brutales. Tan es así que una de las vecinas de Espósito Valenti llegó a pedir auxilio a la policía, afirmando que los episodios de violencia hacia el niño eran prácticamente diarios y solían repetirse entre la llegada desde el jardín de infantes alrededor de las 17 horas hasta entrada la noche. La policía llegó al lugar de los hechos y tras ser informada de que allí no residían niños, se dio la media vuelta y no regresó.

Pero la principal carga en ese pacto de silencio se la lleva el poder judicial de la provincia de La Pampa. ¿Por qué la jueza Ana Clara Ballester le otorgó a Magdalena Espósito Valenti la custodia de Lucio Dupuy apenas dieciséis meses antes de que este fuera brutalmente asesinado en medio a una paliza que se extendió por horas? Hasta inicios del año 2020 el menor se encontraba bajo la custodia de su tío paterno y la esposa de este, quienes se hacían cargo de la crianza del niño ante el abandono de la madre y la ausencia del padre por razones laborales. Cristian Dupuy residía en otra provincia y no contaba con otra ayuda que su familia para cuidar al niño durante las horas de trabajo, por lo que le cedió la custodia a su hermano, aunque lo visitaba con frecuencia y ayudaba económicamente a Maximiliano Dupuy, el tutor legal de Lucio. 

No obstante, de un momento a otro Espósito Valenti pidió la custodia del menor con el propósito de acceder a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgado a desempleados durante el contexto de aislamiento social decretado por el gobierno nacional durante la epidemia de coronavirus. Además, escudada en la prohibición de circular entre ciudades como consecuencia del decreto nacional por ASPO (aislamiento social preventivo y obligatorio) la mujer llevó a cabo un virtual secuestro rompiendo con el régimen de visitas que le había sido concedido a partir de su pedido de retomar el contacto con el hijo a quien no veía hacía alrededor de dos años. 

Aun así, a pesar del abandono crónico, de las sospechas de consumo y venta de estupefacientes, de la ausencia de un empleo fijo que le permitiera hacer frente a los costos de mantenimiento del niño, de las amenazas hacia Maximiliano Dupuy, tío y tutor de Lucio, de plantar denuncias falsas de abuso sexual ultrajante para acelerar los tiempos del poder judicial en su favor, de la denuncia infundada ante la policía provincial de un supuesto impedimento de contacto de parte de la familia paterna hacia la madre y finalmente a pesar de las circunstancias anómalas en las que las mujer llegó a cohabitar con el niño en un contexto extraordinario como el del aislamiento social, la jueza Ana Clara Pérez Ballester firmó el permiso que otorgó la tenencia del niño a Magdalena Espósito Valenti sin mediar pedido alguno de estudios socioambientales por parte de un asistente social, los que sí habían tenido lugar de acuerdo con los protocolos establecidos dos años antes, cuando Lucio Dupuy fue entregado en guarda a sus tíos paternos. 

La pregunta es por qué.

Por qué motivo una magistrada haría caso omiso de los protocolos para conceder a una madre abandónica la tenencia de un hijo que en casi cuatro años no pareció despertarle el menor interés. De haber investigado superficialmente el caso, la jueza Pérez Ballester hubiera debido notar que Lucio Dupuy constituía abiertamente un escollo en la vida de Magdalena Espósito y Abigail Pérez. Ambas mujeres referían con frecuencia a través de chats y de audios en una aplicación de mensajería cómo desde que el niño llegó a convivir con ellas su vida se había visto afectada negativamente. Tanto en lo relacionado a su vida sexual como su vida social eran frecuentes las discusiones por la molestia que el pequeño les significaba en el trato diario y los castigos corporales hacían moneda corriente en las conversaciones en la pareja. Ante el reclamo de Páez —“Estoy harta. Yo tengo que estar todo el día con este pendejo”— Espósito Valenti respondía: “Que no se te vaya la mano que nos vamos a mandar una cagada”, demostrando pleno conocimiento de la situación de horror a la que era sometido su hijo durante las horas en las que permanecía bajo el cuidado de su pareja. Pero la jueza Pérez Ballester no pudo, no supo o no quiso saber y el resultado es irreversible. 

La pregunta entonces se repite: cómo es posible un pacto de silencio tal que involucre a cada uno de los organismos del Estado encargados supuestamente de salvaguardar la integridad psicofísica del niño. Qué une al sistema de salud, al sistema educativo y al poder judicial que obligue en casos de disputa por la tenencia de un menor de edad a hacer caso omiso de cuantas señales de peligro haga falta con tal de satisfacer algún interés en particular.

La respuesta está a la vista y resulta evidente más allá de la falta de voluntad de determinados sectores en asumir las consecuencias de su propia política. La respuesta es que a Lucio Dupuy lo mató el pacto de silencio que la ideología de género obliga a sus cultores en todos los niveles del Estado a practicar en pos de la defensa de la agenda impuesta desde las usinas de pensamiento por organismos internacionales. 

Desde la cultura de la misandria que enarbola banderas de fácil apropiación por los parias de la sociedad, los psicópatas y los enfermos sociales como “muerte al macho” hasta el presupuesto feminista de la bondad intrínseca a la mujer en un sentido ético por el mero hecho de ser mujer y la maldad intrínseca al varón por el mero hecho de ser varón, presupuesto que parecerían sostener en su práctica cotidiana los juzgados de familia, todos son responsables de que Lucio Dupuy permaneciera en las garras de dos personajes demoníacos que lo violaron, lo torturaron sistemáticamente y finalmente lo asesinaron brutalmente a la edad de cinco años amparándose en el presupuesto de que ningún menor puede estar mejor en ninguna otra parte que no sea junto a su madre, aunque esta lo haya abandonado por años y solo busque retomar contacto con él en virtud de un interés meramente económico. 

A Lucio Dupuy lo asesinó todo un sistema corrupto por la ideología de la destrucción de la familia y la prédica de la “caída del patriarcado”. Lo mataron dos militantes radicales de la ideología de odio al varón que no dudaron en llevarlo escayolado a causa de las palizas a las marchas en apoyo a la implementación del aborto como método de control de la población. Por ser varón y por ser niño, esa categoría que se pretende invisibilizar denominándola “infancias”, abstrayéndola de ese modo de su carácter concreto y tangible, humano.  

A Lucio Dupuy lo mató el accionar artero de los militantes de la ideología de la guerra entre los sexos en complicidad con los temerosos de la cancelación y el ostracismo que guardaron silencio ante el espanto para no recibir acusaciones de fascismo, machismo o falta de “deconstrucción”. Porque la ideología también mata. Lo hizo en los campos de concentración en 1945, lo hizo en los centros clandestinos de detención en 1976 y lo hace hoy, aunque se disfrace multicolor y se haga llamar inclusiva. Es necesario que dejemos de hacer silencio ante la evidencia de la barbarie, callarnos no deja de hacernos cómplices. Y no puede haber ni un solo Lucio Dupuy más, justicia es que los niños sean los únicos privilegiados de nuestra comunidad. Justicia sería que Lucio estuviera vivo, la condena a las asesinas es apenas un remedo de reparación a tanto horror.